El derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país presenta focos rojos en 2008. El periodismo en México, de norte a sur del territorio, se ha convertido en una labor de alto riesgo destaca el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Las y los comunicadores enfrentan cada día con mayor frecuencia amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones ante la falta de garantías de seguridad por parte del Estado para ejercer la labor de informar a la sociedad, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

 Lo anterior pone de manifiesto la vulnerabilidad con la que laboran las y los periodistas y la ausencia de una política de previsión y seguridad por parte de las empresas de comunicación ante los riesgos que asumen comunicadores y comunicadores al cubrir temas de interés nacional.

Autoridades municipales, estatales y federales, elementos del Ejército mexicano, agentes policiales así como el crimen organizado son los principales agresores de periodistas, que responden de forma violenta al ver afectados sus intereses.

El Estado así como las empresas de comunicación fallan al dejar desprotegidos a los periodistas. Uno de los casos que ejemplifican claramente lo anterior es el asesinato del reportero Armando Rodríguez de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A principios de este año Armando Rodríguez y otros siete periodistas que cubrían la fuente policiaca fueron amenazados de muerte, lo que obligó al reportero de El Diario a abandonar su empleo temporalmente en un autoexilio en El Paso, Texas, Estados Unidos. Al regresar a su lugar de trabajo fue acribillado.

México, al ratificar tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José, entre otros, en los que se estipula que la libertad de prensa es un derecho humano inalienable e inherente a todas las personas, está obligado a vigilar y defender este derecho.

El asesinato de un periodista motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse, como lo establece el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. De igual modo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec refuerza este mismo punto.

Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como "asegurar una adecuada reparación a las víctimas”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado que: "dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares". Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.

El actual contexto de inseguridad que azota a nuestro país y en el que uno de los sectores más afectados es el periodístico, no justifica las agresiones de las que están siendo víctimas las y los comunicadores a lo largo y ancho del territorio.

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